Sereno en el peligro

que ademas de los acontecimientos de Barcelona registro el desastre del Barranco del Lobo, primer descalabro serio de la nueva aventura belica marroqui, sustituyo a Maura el liberal Segismundo Moret. A este lo desplazaria en febrero de 1910 el nuevo lider de los liberales, Canalejas, con el que Alfonso XIII, aconsejado por el tambien liberal conde de Romanones (persona de su confianza, con quien compartia negocios y cacerias), jugo a reproducir el esquema Canovas-Sagasta, previendo su futura alternancia con el momentaneamente quemado Maura. Y no dejo Canalejas de atacar algunas de las raices del mal, como el odiado impuesto sobre los consumos, procedente del siglo anterior, que suprimio, o las desigualdades en el servicio militar, derivadas de la posibilidad de las clases pudientes de librarse de hacerlo pagando un sustituto, que elimino con su nueva ley del servicio militar obligatorio. Pero las reformas economicas fueron insuficientes para calmar el profundo descontento popular, y la reforma militar no impidio que a Africa, esto es, a la guerra (que tras la costosa victoria de 1909 se reabriria en 1911 con la llamada campana del Kert contra el caudillo rifeno El Mizian) siguieran yendo solo los humildes. Los hijos de familias acomodadas, mediante el sistema de cuotas, cumplian el servicio militar en la peninsula. El establecimiento en 1912 del protectorado hispano-frances sobre Marruecos, que implicaba el envio al pais norteafricano de nuevos contingentes de tropas y hacia surgir en el horizonte la posibilidad de ulteriores sacrificios, dada la poca disposicion de los naturales de las agrestes regiones del Rif y el Yebala a acatar la autoridad de los espanoles, no vino sino a agravar el rechazo a la impopular aventura colonial.

Por todo ello no es de extranar que la presidencia de Canalejas (aunque este fuera un politico capaz, que hizo por superar la falta de sintonia que sentia por la figura regia para mejorar las cosas) resultara en extremo agitada. Le toco vivir innumerables huelgas, al calor de la campana promovida por republicanos, socialistas y anarquistas para erosionar el regimen a cuenta de la torpe inculpacion y ejecucion de Ferrer i Guardia, y que de paso servia para desprestigiar tambien a la justicia militar, sin duda poco idonea para gestionar la conflictividad politica del pais, pero que una y otra vez tenia que resolver sobre ella. De un lado, la mayoria de las algaradas se producian bajo estados de excepcion, con vigencia de la ley marcial; por otro estaba la llamada Ley de Jurisdicciones, gestada en 1906 por el general Luque y Coca (por cierto, republicano confeso) y que encomendaba a los tribunales militares el enjuiciamiento de los delitos de opinion (injurias y calumnias) dirigidas contra el ejercito o cualquiera de sus cuerpos. Huelgas generales hubo en Madrid, Barcelona, Zaragoza, Vizcaya, incluso llego a amotinarse la tripulacion de un barco de guerra, la fragata Numancia. Pero lo mas grave estuvo en los pueblos. En Canillas de Aceituno, en la serrania de Malaga, intentaron linchar a un recaudador de impuestos, que corrio en seguida a refugiarse a la casa-cuartel. Cuando el cabo comandante del puesto quiso parlamentar con la multitud, fue gravemente herido. Sus dos companeros presentes en la casa- cuartel lograron salvarlo por los pelos y defendieron el puesto hasta que llegaron refuerzos. En Penagos (Santander), el cabo Vicario acude con tres guardias a rescatar a la corporacion, rodeada por un millar de paisanos furiosos. Cuando va a dirigirse a ellos, lo rodean, le quitan el fusil y lo matan a quemarropa. Sus tres hombres se hacen fuertes en la casa consistorial, pero pronto solo queda uno de ellos, el guardia Malpelo, en condiciones de hacer fuego. Rodilla en tierra, y dispuesto a vender caro su pellejo, enfrenta solo a la muchedumbre que forman los agresores, causandoles cuatro muertos y disuadiendolos del asalto.

Lo peor fue lo que paso en Cullera, donde un voluntarioso juez, Jacobo Lopez, titular del juzgado de Sueca, se presento con su secretario y un alguacil para tratar de sofocar por el dialogo el motin que habia estallado en el pueblo aprovechando la ausencia de la Guardia Civil, concentrada en Valencia para hacer frente a la enesima huelga general. Los huelguistas, dirigidos por el anarquista Juan Jover, alias el Chato de Cuqueta, acaban con el juez y sus hombres, que en vano sacan los revolveres para defenderse. Al secretario lo apunalan con una aguja de alpargatero; al alguacil lo apunalan y lo tiran al Jucar, aplastandolo con una piedra para hundirlo. El juez perece de un hachazo en la cabeza. Los guardias regresan y en pocos dias esclarecen los hechos. El Chato y los suyos son procesados y condenados, pero finalmente se les concede el indulto, bajo la presion de Lerroux, que habia convocado otra huelga general para el caso de que se les ejecutara. La investigacion de los guardias se puso en entredicho, con nuevas denuncias de torturas. El gobierno acabo nombrando un tribunal medico, formado por medicos civiles y militares y dirigido por el rector de la Universidad de Valencia, que certifico no haber encontrado vestigios de que a los procesados se les hubiera infligido tormento alguno.

El general Martitegui, de nuevo director general del cuerpo, agradecio al capitan general de Valencia, Echague, que hiciera publicos los resultados, y respecto de como se habia seguido el proceso desde la Benemerita, le escribio: «Segura conmigo del exito de la prueba, ni la preocupaba esta ni sentia otra impaciencia que la natural por la vindicacion de la nueva afrenta recibida. Hoy deja a los tribunales el castigo de los impostores y prosigue tranquila su mision benefica y protectora, con el estimulo de su propia conciencia». He aqui los terminos del conflicto: de un lado unas masas populares cada vez mas cargadas de motivos y mas propensas a la furia incontrolada; y de otro, unos resignados guardias abocados a enfrentarlas una y otra vez y a ser escogidos como diana de todas las criticas y de todos los improperios.

Como triste colofon de su accidentado mandato, Canalejas cayo asesinado el 11 de noviembre de 1912 ante el escaparate de la libreria San Martin, en la Puerta del Sol, a manos del anarquista Manuel Pardinas. Tras el tomo el relevo al frente de los liberales el conde de Romanones, una de cuyas primeras diligencias fue la creacion de la Direccion General de Seguridad, a cuyo frente se situo Ramon Mendez Alanis, con el objetivo de reorganizar la policia gubernativa y especial responsabilidad en la capital. El trabajo, germen de la moderna policia civil espanola, lo acabaria haciendo, tras la subita muerte de Alanis, su sucesor, el general procedente de la Guardia Civil Manuel de la Barrera. De donde se sigue la paradoja de que la Benemerita fuera clave, incluso, en la formacion de la que habia de ser su futura competidora.

A Romanones lo sucede Eduardo Dato, nuevo jefe de los conservadores tras negarse Maura a formar gobierno. Quisieron los nuevos gestores del regimen prorrogar el viejo sistema de manipulacion a conveniencia de los resultados electorales, lo que cebo aun mas la ira popular. El estallido mas grave se dio en el pueblo malagueno Benagalbon, donde un grupo de vecinos se lanzo al asalto del colegio electo al correrse la voz de que habia habido compras de votos. El cabo del pueblo y los tres guardias de que dispone se personan para tratar de apaciguar 1os animos. Alguien da la voz de ir a por ellos y se desata una verdadera carniceria A tres los cosen a cuchilladas, aunque sobreviviran. El cuarto, el guare Domingo Almodovar, acaba con la cabeza separada del tronco. Los guardias eran fundadamente remisos a emplear los fusiles contra la gente pero, e puestas con crudeza las cosas, por aquellos dias y en aquella Espana el dilema era acabar como Malpelo, vivo tras darles pasaporte a cuatro, o como Almodovar, hecho trozos por permitirse un instante de duda. Con el escarnio que a los instigadores del crimen, como ocurrio en el caso de Benagalbon, los acabara indultando por conveniencia politica de un regimen que ten necesidad de purgar su mala conciencia.

Volvio despues de Dato el conde de Romanones, mediada ya la Primera Guerra Mundial, en la que Espana mantendria una neutralidad tan oportuna como rentable. Poco despues comienza a gestarse, a principios de 1917, la huelga general revolucionaria. Como anticipo, se suceden los conflictos por toda la geografia nacional. Incapaz de sujetar la situacion, Romanones cede el mando al democrata liberal Manuel Garcia Prieto, marques de Alhucemas, que apenas gobierna unos meses, hasta mediados de ano. Durante su mandato hubo de enfrentarse a la delicada situacion que habian planteado las Juntas de Defensa, organos en principio ilegales que agrupaban a militares descontentos por la situacion del ejercito, y en particular por los favoritismos en los ascensos y la prodigalidad en las recompensas que se otorgaban a los destinados en el frente marroqui. La iniciativa rozaba la insubordinacion, cuando no la sedicion, pero contaba con una cierta indulgencia real.

Cuando Dato retorna al poder, en el verano de 1917, se ve obligado a legalizar las juntas, que desafian sin ambages al gobierno. La muestra de debilidad del regimen alienta a quienes anhelan derribarlo, que ven llegada (asi lo entenderan tanto Lerroux como Pablo Iglesias) la hora de asestarle un golpe definitivo. En marzo, los dirigentes del sindicato socialista, la UGT, Julian Besteiro y Francisco Largo Caballero, y los de la CNT, Angel Pestana y Salvador Segui (conocido como el Noi del Sucre) acuerdan el lanzamiento una huelga general indefinida. El 5 de julio se reune en Barcelona una asamblea de parlamentarios, con 20 senadores y 39 diputados, incluidos Lerroux y Pablo Iglesias, que suscriben el 18 un documento en el que piden una amplia autonomia para Cataluna, por influjo de los sectores catalanistas, representados por Cambo, y proponen cambiar la estructura del estado, para lo que se postulan como asamblea constituyente. Hacen tambien un guino a los militares junteras, al manifestar su deseo de que «el acto realizado por el Ejercito […] vaya seguido de una profunda renovacion de la vida publica espanola, emprendida y realizada por sectores politicos». Los socialistas, con la aquiescencia de Lerroux, buscan conectar el movimiento politico con la huelga. Los anarquistas, recelosos de toda connivencia con los partidos burgueses, se resisten.